MINISTERIO DE SALUD SOLICITA “ACLARACIÓN” A LA CORTE SOBRE ÓRDENES PARA REAJUSTAR LA UPC
El Ministerio de Salud y Protección Social ha elevado una solicitud de aclaración ante la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008, en relación con el Auto 007 de 2025.
Este auto, emitido el 23 de enero de 2025, declaró la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2024 y ordenó al ministerio crear una mesa de trabajo para revisar y ajustar la UPC.
Tras analizar las órdenes impartidas, el ministerio de Salud ha identificado varias inquietudes que podrían afectar la operatividad del sistema de salud y generar conflictos jurídicos e institucionales.
Entre las principales preocupaciones se encuentran:
- Estructura y funcionamiento de la mesa técnica de seguimiento: El ministerio cuestiona quién presidirá la mesa, cómo se regulará su operatividad y si es necesario socializar previamente su reglamento. Además, se pregunta si debe establecer un marco normativo para su funcionamiento y si este debe ser objeto de consulta pública conforme a la Ley 1437 de 2011.
- Declaración de insuficiencia de la UPC de 2024: Se detectan contradicciones en la decisión de declarar insuficiente la UPC de 2024, ya que no se justificó con estudios técnicos la existencia de un rezago en las vigencias 2021-2023. Tampoco se especifica si dicho rezago es financiero, operativo o relacionado con costos específicos de atención. Además, se observa una aparente contradicción al ordenar un reajuste para 2021-2023 cuando la insuficiencia se declaró en 2024.
- Mecanismo de reajuste de la UPC: El auto establece que la UPC debe ajustarse con base en el IPC definitivo de cada año, el cual solo se conoce a posteriori. El ministerio argumenta que esta medida plantea un problema de sincronización contable y presupuestal. Asimismo, en caso de que el reajuste deba aplicarse retroactivamente, se pregunta si se deberán realizar pagos adicionales a las EPS en los años siguientes.
- Competencia de la Sala Especial de Seguimiento: Se cuestiona si la sala tiene la competencia para modificar la metodología de cálculo de la UPC, lo que podría entrar en conflicto con normativas vigentes y competencias exclusivas del Ministerio de Salud. La cartera se pregunta si, en este caso, se estaría modificando la normativa vigente sin un proceso legislativo y teme que funcionarios del ministerio puedan ser sancionados disciplinaria o penalmente por aplicar decisiones que contradigan las normas ya establecidas.
Desde el Ministerio de Salud aseguran que hay que aclarar estas inquietudes para garantizar una implementación efectiva y legal de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional.
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