ESTOS SON LOS PUNTOS CLAVE DEL PROYECTO QUE REFORMA LA LEY DE ORDEN PÚBLICO
Foto: Colprensa.
El Gobierno tiene previsto presentar esta semana el proyecto que prórroga y modifica la Ley 418 o de Orden Público, y que mantiene las facultades al presidente de la República para adelantar negociaciones o conversaciones de paz. En el texto que plantean varios aspectos relacionados con la política de paz de la administración de Gustavo Petro. Allí se incluye el concepto de seguridad humana.
En el texto se señala la paz será una política de Estado, con lo que se busca que paz o las acciones encaminadas en esta materia, sean una prioridad en todas las instancias del Estado.
“La política de paz será una política de Estado y, en tal sentido, comprometerá a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones a darle cumplimiento. Asimismo, los diferentes gobiernos deberán garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz y, en consecuencia, tendrán el deber de concluir aquellas que sean fijadas por administraciones precedentes”, señala el texto que será radicado.
Agrega que: “la política de paz será prioritaria en los asuntos de Estado, transversal a estos, e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y acogimiento a la justicia”.
Además, se plantea la creación de zonas de ubicación temporal de las personas que ejercen la tarea de negociadores de las agrupaciones al margen de la ley.
“El Gobierno nacional o los representantes autorizados expresamente por el mismo, podrán acordar con los voceros o miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley, en un proceso de paz, y para efectos del presente artículo, su ubicación temporal, o la de sus miembros en precisas y determinadas zonas del territorio nacional, de considerarse conveniente”.
Según plantea el texto, esas zonas no sólo se suspenderían las órdenes de captura sino también las que tengan fines de extradición.
“En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra estos y los demás miembros del grupo organizado al margen de la ley al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso”.
También se busca crear el gabinete por la Paz, que tendría sesiones cada tres meses y en la que se haría seguimiento a las acciones de los diversos ministerios en materia de paz.
“Cada uno de los Ministerios que conforman el gobierno nacional deberá definir los componentes de la política pública de paz que hagan parte de su competencia. En sesiones bimestrales o cuando así lo determine el presidente de la República, el Gabinete Ministerial sesionará como Gabinete de Paz. En esas sesiones los Ministerios presentarán informes sobre los asuntos a su cargo en esta materia”.
Adicionalmente se crearían las regiones de paz, “el presidente de la República podrá constituir regiones de paz, en las que se adelanten, con su autorización, diálogos de paz. Se priorizará en su conformación, además de los territorios PDET del Acuerdo de Paz, los municipios categorizados como ZOMAC, comunidades de influencia o zonas vulnerables en las que existan graves afectaciones a la población civil y al territorio, y en las que haya ausencia o débil presencia del Estado”.
Se incluye un artículo con el que se crea el denominado Servicio Social para La Paz como alternativa al servicio militar obligatorio.
“El Servicio Social para la paz tendrá una duración de doce (12) meses, una remuneración conforme a lo también previsto para el servicio militar, y podrá prestarse en las siguientes modalidades”.
Cabe señalar que el Gobierno ha planteado el concepto de paz total y además de reactivar los diálogos con el ELN, busca avanzar en el sometimiento y acogimiento de las bandas criminales.
*** Nota tomada de: caracol.com.co
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