PROCURADURÍA FORMULÓ CARGOS Y SUSPENDIÓ PROVISIONALMENTE A TESORERA DE GUACHENÉ, CAUCA
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos y ordenó la suspensión provisional por tres meses de la tesorera del municipio de Guachené, Mar Yuri Banguero Chará, por supuestas irregularidades en un proceso de cobro coactivo adelantado por la administración municipal contra la empresa Familia del Pacifico, lo que generó una multa por $28.890 millones.
La medida también cobija al exalcalde Oliver Carabalí Banguero.
La Procuraduría General de la Nación cuestionó que la tesorera al momento de abrir el proceso de cobro coactivo al parecer habría omitido la aplicación del Estatuto Tributario Municipal de Guachené, que eximiría a la empresa Familia del Pacífico S.A.S. del pago del ICA (Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros) y en su lugar aplicó las normas del Estatuto Tributario Nacional.
Para el Ministerio Público, con la presunta omisión de la funcionaria se podría haber vulnerado el debido proceso en perjuicio de la empresa investigada, que fue multada con una suma superior a los $28.890 millones, por no pagar al municipio los dineros relacionados con el ICA.
Al parecer, Banguero Chará habría emitido resoluciones que aparentemente serían irregulares, y que daban continuidad a la posición del municipio de cobrar esos dineros sin tener una base jurídica legalmente apropiada.
La Procuraduría cuestionó que el exalcalde para el periodo 2016-2019 presuntamente actuó de manera negligente en su deber de ejercer la dirección, vigilancia, control y seguimiento sobre las actuaciones de cobro coactivo ejercidas por la tesorera municipal.
Por esos hechos, el Ministerio Público profirió dos cargos disciplinarios a Banguero Chará, calificados como presuntas faltas gravísimas cometidas a título de dolo, mientras que la aparente conducta del exalcalde fue calificada como falta grave a título de culpa gravísima.
Sobre la suspensión provisional de tres meses impuesta a la tesorera Banguero Chará, la Procuraduría señaló que es procedente para evitar que pueda incurrir a futuro en eventuales irregularidades, que reiterarían las posibles faltas que son motivo de la investigación, en desmedro de la función pública, el erario y el ordenamiento jurídico.
También se busca evitar una posible interferencia al trámite del proceso dado que como tesorera del municipio tiene pleno acceso a toda la documentación e información de la oficina que dirige, por lo que podría afectar la labor investigativa que se adelanta.
Finalmente, el Ministerio Público compulsó copias de lo actuado a la Fiscalía General de la Nación, para que investigue una posible responsabilidad penal de la funcionaria.
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